Caos en la primera jornada del nuevo registro de viajeros al no estar activa la plataforma del Ministerio | Diario Sur (2025)

Locura y caos en los hoteles, las empresas de rentacar o las agencias de viajes en la primera jornada de aplicación del controvertido decreto de 2021 que regula el nuevo registro de reservas recogido en el Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Concretamente, estas empresas tendrán que comunicar más de 40 datos por reserva al Ministerio del Interior siempre y cuando la aplicación creada por el mismo SESHospedaje funcione. Este es el primer problema que denuncia públicamente el sector afectado en la Costa del Sol, que advierten de que esta plataforma no está operativa y la anterior dejó de hacerlo a las 23.59 horas. Javier Hernández, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), asegura que «la plataforma que hasta la fecha venía comunicando los establecimientos a la Policía los datos de los viajeros dejó de funcionar a las 23.59 y desde las cero horas que ha entrado en vigor el nuevo decreto, que obliga a enviar 26 datos más que antes, la plataforma SESHospedaje en la que hay que introducirlos no está activa». Hernández asegura que al no funcionar, los establecimientos no han podido registrarse para comunicar los datos a los que están obligados, contemplando la norma sanciones de 3.000 euros en la primera infracción y de hasta 30.000 euros. «No se puede acceder a este sitio web» es el mensaje que leían reiteradamente cuando intentaban acceder a la plataforma del Gobierno en la que tienen que cumplimentar todas las nuevas exigencias de registro.

Pero el estreno de esta polémica norma, que cuenta con el rechazo frontal del sector que, incluso, estudia acciones legales contra el Ministerio de Interior, va más allá de las incidencias tecnológicas para encontrarse con la negativa y las quejas de los propios turistas, que en su mayoría desconocían la entrada en vigor de este decreto. Con caras de póker y con bastante malestar respondían los viajeros a la retahíla de datos que se le solicitaban. Hernández asegura que «tenemos huéspedes que se niegan a suministrar alguna de la información obligatoria como los referidos al número de cuenta bancaria o de relación de parentesco con los menores con los que se alojan». En este sentido, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, afirma en X que «el nuevo registro de viajeros vulnera la intimidad de quienes visitan Andalucía, afecta a nuestra competitividad turística y ha sido impuesto sin escuchar al sector. Mostramos nuestro firme rechazo».

Entre las incidencias de esta primera jornada, desde Aehcos avanzan que también tienen problemas con los sistemas de gestión de huéspedes que emplean los hoteles porque los proveedores avisan de que tardarán hasta seis meses en establecer estos nuevos parámetros en función de los más de 40 datos que exige ahora el Ministerio del Interior. «Por todo ello podemos confirmar que algunos establecimientos hoteleros están tardando más de quince minutos en registrar cada uno de los datos de los viajeros que se están alojando en los establecimientos», explica.

En las agencias de viajes, que hasta ahora no estaban obligadas a trasladar datos algunos a las fuerzas de seguridad, la jornada esta siendo «de locos», afirma el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Costa del Sol, Sergio García, que insiste en que «este decreto es un sin sentido y una sin razón que cada vez que un cliente quiera hacer una reserva haya que recogerle más de cuarenta datos cuando esta operación la van a repetir en la recepción del hotel cuando llegue el momento de su viaje y en el rentacar cuando vaya a recibir el vehículo». García advierte de que «la norma viola la Ley de Protección de Datos y que desde la federación estamos estudiando acciones legales contra el Ministerio de Interior». Una decisión que también analizan los hoteleros.

Y más de lo mismo cuando se hace una batida por los rentacar incluidos también un decreto que les obliga a especificar hasta la matrícula y el número de bastidor del coche que se le vaya a entregar a un cliente que hace una reserva tres meses antes. «Es ridículo cuando vamos entregando los coches en función del parque disponible día a día», señalan a la par que insisten en que los viajeros son los primeros sorprendidos de que se les pidan tantos datos. Una situación que complica y dilata las gestiones a realizar con cada uno de los turistas y que desde el sector advierten de que la norma entra en conflicto con la Ley de Protección de Datos.

Otra de las grandes novedades es que los datos ahora serán enviados directamente al Ministerio de Interior cuando hasta ahora se remitían a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. «Comprendemos que el Ministerio de Interior y la Policía precisan de mecanismos de control para luchar contra la delincuencia y el terrorismo, pero éste no es argumento para exigir a golpe de decreto que miles de empresas se vean abocadas al caos administrativo y a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con las nuevas obligaciones del registro documental de viajeros», declara Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo. En este sentido explica que «la actualización de este decreto estipula que empresas de hospedaje, de alquiler de coches y operadores turísticos intermediarios deberán facilitar de manera telemática información de los clientes a un nivel de detalle que ni poseen por la documentación de las reservas y los DNI, ni se entiende cabalmente que sea su papel recabar, previendo además sanciones de hasta 30.000 euros en caso de infracción».

Actividades y datos

El decreto señala que están obligados a cumplir con esta normativa las actividades de hospedaje, llevadas a cabo de modo profesional o no, con la finalidad de proporcionar la pernoctación a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario, según detalla el Boletín Oficial del Estado. En ellas se incluye a hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, así como a campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas; a los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas a la hospedería y los consumidores, y a la actividad de las plataformas digitales dedicadas, a título oneroso o gratuito, a la intermediación en estas actividades. En el sector del alquiler de vehículos a motor sin conductor se contemplan las empresas dedicadas expresamente al alquiler de vehículos, a los operadores turísticos que presten servicios de intermediación y las plataformas digitales de esta actividad. En cuanto a las agencias de viajes están también obligadas a facilitar estos datos cuando antes no tenían que hacerlo.

A partir de ahora, en cada 'check in', los viajeros tendrán que dejar constancia de su nombre; apellidos; sexo; número de documento de identidad; número de soporte del documento; tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE); nacionalidad; fecha de nacimiento; lugar de residencia habitual incluyendo la dirección completa, localidad y país; teléfono fijo y móvil; correo electrónico; número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros en el caso de que alguno sea menor de edad. Pero, además, el establecimiento debe remitir al Ministerio de Interior los datos de la transacción para lo que tiene que facilitar el contrato de la transferencia de pago de la reserva, con número de referencia, fecha y firma; la ejecución del mismo, detallando la fecha y hora de entrada y fecha y hora de salida; y el tipo de pago para lo que precisa la identificación del medio de pago detallando el tipo de tarjeta y número, IBAN de la cuenta bancaria o solución de pago por móvil, así como el titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. Hasta ahora los turistas sólo tenían que dejar constancia de su nombre, apellidos, DNI o pasaporte y fecha de expedición de los mismos.

Desde el sector ponen el foco en el impacto que esta norma tendrá en el viajero y advierten de que son los propios ciudadanos los que se ven afectados. «Es posible, incluso, que muchos viajeros se sientan reacios a facilitar determinados datos personales y prefieran optar para sus vacaciones por otros destinos internacionales más 'friendly' a la hora de reservar sus servicios turísticos», detallan. Desde la Mesa del Turismo señalan que «por si todo esto fuese poco, teniendo en cuenta que se manejan datos personales e información sensible, desde emails de contacto a tarjetas bancarias, existe un elevado riesgo de colisión con la Ley de Protección de Datos, que es una normativa muy estricta en España».

Las patronales turísticas insisten en que no entiende la persistencia del Gobierno en hacer oídos sordos a las razones esgrimidas por prácticamente todas sus patronales sectoriales, que le han comunicado expresamente la inviabilidad del Real Decreto. Incluso el Pleno del Senado aprobó una moción presentada por el PP que exige al Ejecutivo que «suspenda sine die la aplicación del Real Decreto 933/2021 que impone un 'Gran hermano turístico'».